En el marco de los cien años del conflicto religioso en México, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) —de la cual forma parte la Arquidiócesis de Acapulco— difundió un mensaje donde asevera que la libertad religiosa aún enfrenta limitaciones y señala que el crimen organizado actúa en diversas zonas como un «gobierno paralelo» que anula los derechos fundamentales.
Si bien el episcopado enmarca su reflexión en un llamado a la reconciliación y a la construcción de la paz, el tono de sus críticas sobre la seguridad pública y el papel del Estado ha comenzado a resonar en el debate político nacional.
Diversos observadores destacan cómo el diagnóstico eclesial sobre la pérdida de control territorial frente a la delincuencia se entrelaza de manera sutil con las narrativas planteadas por la oposición de derecha en México, la cual ha respaldado posturas de mayor escrutinio o cooperación e intervención de organismos y gobiernos extranjeros, particularmente de Estados Unidos, en materia de seguridad interna.
Aunque el documento oficial subraya que la conmemoración no debe ponerse al servicio de «ningún proyecto político ni partidista», las severas descalificaciones sobre la situación del país ubican nuevamente al discurso jerárquico en el centro de la disputa ideológica por la soberanía y la gobernabilidad del país.
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