Política

Ayotzinapa acusa: gobierno de AMLO, igual al anterior

Ayotzinapa acusa: gobierno de AMLO, igual al anterior
  • Publishednoviembre 2, 2022

Coyunturas políticas | Rafael Solano

Parecía que el Caso Ayotzinapa estaba cerrado un mes antes de que se cumpliera el octavo aniversario de la agresión a los normalistas de Ayotzinapa que incursionaron en Iguala el 26 de septiembre de 2014 con la “conclusión preliminar” que diera a conocer Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación que también recibió la encomienda de resolver el escabroso asunto. No fue así y el asunto se ha complicado tanto que ya los familiares de los normalistas descalificaron la nueva indagatoria y acusan que el actual gobierno es igual al anterior porque, de igual manera, los quiere engañar.

Los deudos de las víctimas han expresado su sentir a varios medios informativos de la capital del país alentados por los señalamientos críticos de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que están en el país desde noviembre de 2014. Lo más severo fue que acusaron que la investigación de Encinas tiene “numerosas inconsistencias”.

Sin embargo, los integrantes del GIEI lo único que hicieron fue aludir a una nota publicada por The New York Times en donde Encinas reconoce, precisamente, que “un porcentaje importante” de capturas de pantalla de conversaciones de Whatsapp que sustentan la conclusión preliminar no pudieron ser verificadas.

Además, El País de España publicó que otras inconsistencias son “la forma de escritura de los presuntos criminales, distinta a la que muestran otras evidencias, principalmente el seguimiento al grupo criminal Guerreros Unidos y sus secuaces que realizó la DEA en esos años.

En otros casos, la versión de WhatsApp de las fotos de los mensajes no coincide con la que existía entonces.

En otros más, los metadatos de las capturas no coinciden con las fechas de los mensajes”.

Según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el GIEI “surge del acuerdo formalizado entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los representantes de las víctimas de Ayotzinapa y el Estado mexicano con la finalidad de proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos (…) así como las investigaciones y acciones que se adopten a fin de sancionar a quienes resulten responsables y, de igual forma, otorgar asistencia a los familiares de los estudiantes”.

Pero nunca investigó ni ha investigado. En sus primeras conclusiones, descalificó las indagaciones del anterior gobierno; ahora vuelve a hacer lo mismo.

El asunto es que el Caso Ayotzinapa no está resuelto. O quizá ya está desde los primeros días de enero de 2015 con la conclusión a la llegó la entonces PGR, pero surgieron líderes que de manera oportunista se aprestaron a convencer a los familiares de los normalistas agredidos en Iguala de que estos no estaban muertos sino desaparecidos para que las movilizaciones continuaran.

Obvio que buscaban ganancia y ahí está el dato dado a conocer por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 2020: en un año de toma de casetas de cobro con pretexto de exigir la presentación de los normalistas se perdieron 400 millones de pesos.

Por eso es que los líderes no aceptan ninguna las dos indagatorias oficiales que concluyen que fueron asesinados los normalistas: sigue siendo redituable mantener viva la lucha sim importar el dolor de los padres que desde hace ocho años no encuentran resignación.

Puras decepciones, como la que les causó la indagación de Encinas.

PASANDO A UN TEMA DISTANTE, dieron a conocer una encuesta del INE sobre la propuesta de reforma electoral que ha presentado el presidente de la república.

Algunos medios informativos electrónicos destacaron que el organismo electoral no quería dar a conocer el resultado porque más del 50 por ciento de los encuestados está de acuerdo, aunque el porcentaje mayor es en cuanto a la propuesta de reducir presupuesto a los partidos.

Sin embargo, el tiempo está en contra porque tendría que aprobarse de una vez para que entrara en vigencia el año 2024, pero ya la contienda está en puerta y será misión imposible lograr dicha reforma.

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