Ahora sí, duro contra los corruptos
Coyunturas políticas | Rafael Solano
Es de esas raras cosas de la vida. Como si un nuevo gobierno infundiera honestidad, similar a que un uniforme convierte a la persona en lugar de cambiarle la apariencia. Como pasar de médico a policía antimotines tan solo con cambiar de vestimenta blanca a negra. Eso es la impresión que da el hecho de que el secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno estatal, es decir Eduardo Loría Casanova, inhabilitó al exsecretario de Educación, Heriberto Huicochea Vázquez; al exsecretario de Finanzas de la SEG, Jaime Ramírez Solís, y al exsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas (Sefina), Armando Soto Díaz.
¿Por qué es extraña la actuación del contralor? Porque ya ocupó ese mismo cargo en el periodo de gobierno de Héctor Astudillo Flores y nunca mencionó, en seis años, a ninguno de sus excolegas del gabinete por posibles manejos anómalos del presupuesto; al contrario, eran más inocentes que las monjas del perpetuo socorro. Todo ha cambiado con el nuevo gobierno, que no tuvo objeción alguna para admitirlo. Quizá no encontraron a otro contralor capaz.
El caso es que Loría Casanova anda duro en el combate a los desfalcadores posibles, como ocurrió hace algunos meses con el exdirector del Colegio de Bachilleres, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, a quien acusó a principios de este año de haberse quedado el presupuesto de la institución. No es criticable que lo haga porque una de sus funciones es, precisamente, vigilar que el dinero público se ejerza para el fin destinado y presupuestado. De acuerdo con la agencia Irza, Huicochea, Ramírez y Soto se encuentran entre los 70 exfuncionarios sancionados debido a presuntas anomalías financieras y administrativas detectadas.
Al Huicochea le detectaron “una obra de tecnología que no se entregó al final de la administración y algunas irregularidades en la designación de plazas”. En el caso del exsubsecretario Soto “otorgó basificaciones de último momento y sin cumplir con las especificaciones”. Agregaría: “También estamos viendo las retenciones del IRS (Impuesto Sobre la Renta) no enteradas. Es una deuda histórica y estamos valorando. Hay una revisión de gastos por comprobar que quedaron pendientes. Nos estamos coordinando con la Secretaría de Finanzas, que involucra a exsecretarios, exsubsecretarios y exdirectores de cuatro administradores para acá”.
Es plausible que vaya a fondo en el descubrimiento de desfalcadores del erario, aunque antes no lo haya hecho. Pero indagar cuatro administraciones estatales atrás puede ser contraproducente porque, hay que recordar, Loría Casanova ingresó al gobierno durante el periodo de Zeferino Torreblanca Galindo. Tendría que autoinvestigarse para que los resultados sean confiables.
PASANDO A UN TEMA DISTANTE, terminó el horario de verano y en Guerrero hay satisfacción por esa disposición. Hasta donde se recuerda del asunto, durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León se implantó. Un artículo publicado después en El Financiero explicó que no servía más que para contener los ataques que desde la bolsa de valores de Nueva York, lanzaba el expresidente de la república Carlos Salinas.
¿El motivo? Que su relevo en lugar de mantener a Pedro Aspe en Hacienda, puso a Jaime Serra para dar una imagen de independencia respecto a su antecesor. Como Salinas tenía conexiones e influencias en la bolsa de valores, causó la crisis posterior a la devaluación del peso y una manera de contener los ataques fue cambiar de horario para que, en lugar de dos horas de diferencia respecto a la hora de Nueva York, solo fuera una. Eso daba tiempo para contener los ataques. La medida tuvo éxito, pasó la turbulencia financiera, pero por inercia, el horario de verano persistió casi cuatro sexenios más. Es obvio que para esta parte del país nunca fue útil, porque aquí lo que sobra es luminosidad solar y solo oscurece en temporada de lluvia.
