El activista y actual colaborador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Vidulfo Rosales Sierra, lanzó una dura crítica a la situación de seguridad y gobernabilidad en el estado de Guerrero, al cual describió como un territorio «en llamas» y sumido en el abandono institucional.
Quien fuera el abogado histórico de las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa denunció que la actual administración estatal ha sido incapaz de contener la violencia de los grupos delictivos, calificando la respuesta oficial como la de «bomberos desorientados» que corren sin claridad para apagar el fuego que emerge por la entidad.
Como ejemplo de la crisis de seguridad, Rosales Sierra contrastó que mientras el gobierno sostenía una mesa de diálogo en Chilapa —donde comunidades nahuas sufren el desplazamiento forzado de mujeres y niños—, en el municipio de Olinalá se registraba el hallazgo de seis cuerpos desmembrados en la comunidad de Teticic.
El litigante arremetió contra los discursos del éxito económico oficiales, asegurando que la disminución de la pobreza presumida por las autoridades no se refleja en la Montaña ni en las zonas indígenas de la entidad.
«Las comunidades indígenas viven en el abandonment… No hay médicos ni medicinas, no hay carreteras en buenas condiciones. La gente sigue muriendo por falta de atención médica», señaló Rosales.
Asimismo, apuntó que la impunidad prevalece tanto en el caso Ayotzinapa, donde el dolor de los padres sigue intacto, como en los homicidios y desapariciones de defensores del territorio y luchadores sociales, mencionando explícitamente los casos de Marco Antonio Suástegui, Vicente Suástegui, Ranferi Hernández, Arnulfo Cerón y Rocío Messi.
El hoy funcionario de la SCJN acusó a la actual clase gobernante de Guerrero de no haber desmontado el cacicazgo regional ni haberse comprometido con las causas populares o de izquierda. Por el contrario, afirmó que se optó por pactar con los poderes formales y fácticos para mantener el status quo.
De igual forma, señaló que el gobierno local carece de políticas públicas propias, al grado de que ante desastres naturales como el huracán Otis o crisis políticas como la de Chilapa, tuvo que ser el gobierno federal quien acudiera al rescate de la entidad, evidenciando lo que llamó «un monumento a la frivolidad».
Rosales Sierra lamentó el nivel de debate de los aspirantes a suceder el gobierno del estado, criticando que la discusión gire en torno a un «craso pragmatismo» electoral, el nepotismo o la cercanía con la Presidenta de la República, en lugar de proponer soluciones de fondo para el «Guerrero bronco».
Ante esta situación, hizo un llamado a perfiles como Esthela Damián y Rubén Cayetano para que confronten la política tradicional e introduzcan los problemas estructurales del estado al debate público.
