Fernando Terrazas Sánchez Baños
México, Honduras, Panamá, Paraguay y Venezuela son los únicos Estados latinoamericanos que no tienen en su Constitución la posibilidad de una segunda vuelta en el proceso electoral para presidente de la nación, destacando que todos los países antes mencionados son catalogados como países con democracias en consolidación.
Mientras que los Estados donde se aplica la segunda vuelta, como Uruguay, Estado latinoamericano catalogado en el Índice Democrático publicado por The Economist en 2016 como una democracia consolidada o total, se ubica en el lugar 19 del ranking mundial, y Costa Rica, de acuerdo al análisis de la revista británica, se ubica en el lugar 26, con una categoría de democracia en consolidación, ambos Estados mantienen estabilidad o crecimiento democrático.
México se ubicó en el lugar 67, con bajos niveles en cultura política, participación política, gobernanza, procesos electorales y pluralidad. Estas características pueden integrarse como factores que indicen para promover constitucionalmente la segunda vuelta como elemento de consolidación democrática, termino clásico definido por Leonardo Morlino.
A manera de referencia inmediata en lo últimos tres procesos electorales en México para elegir Presidente de la República, el candidato ganador no ha superado la barrera del 50 por ciento más uno de los votos emitidos y validados por las autoridades competentes, resultado que en Uruguay o Costa Rica, por poner dos ejemplos latinoamericanos.
Existen variaciones porcentuales en cada país para determinar la segunda vuelta electoral, pero ello, obligaría al partido que obtuvo la mayoría relativa de los votos pero que no supera el umbral del 50 por ciento más uno de estos, a competir nuevamente contra el candidato que haya obtenido el segundo lugar en el primer proceso electoral.
En el 2000, Vicente Fox, candidato de la alianza entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) obtuvo el 42.52 por ciento de los votos válidos; en este proceso electoral se destaca que por primera vez en 70 años, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió por primera vez la elección de Presidente.
En 2006, el candidato del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, obtuvo el 35.89 por ciento de los votos válidos, quedando en segundo lugar Andrés Manuel López Obrador con el 35.31 por ciento del total de votos válidos, iniciando una presión para validar los resultados por parte del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE), y posteriormente una lucha postelectoral que duró varios meses, sustentada en la duda de los resultados oficiales.
Esto, generó nuevamente el debate de los distintos actores políticos y sociales del país sobre la necesidad de una reforma electoral que contemplara la segunda vuelta en los comicios para Presidente de la República. Para 2012, el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto encabezó los resultados electorales con el 38.21 por ciento de los votos, seguido por el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, con el 31.59 por ciento de los votos válidos.
En la reforma político electoral de 2014 se contemplaron ejes como el régimen de gobierno, autoridades electorales, régimen de partidos, fiscalización y topes de campaña, comunicación política e instrumentos de democracia participativa, pero no se incluyó el tema de la segunda vuelta electoral, a pesar de las buenas prácticas de los países latinoamericanos que la aplican.
Las recomendaciones de especialistas en el tema, como el politólogo Giovanni Sartori, quien propuso desde finales del siglo pasado una reforma electoral en México que diera cabida a este elemento de democracia directa vigente.
Otro impulso a este método de democracia directa viene desde la cuna de la libertad política, Francia. El holgado triunfo del candidato de centro, Emmanuel Macron en la segunda vuelta electoral para presidente de la República Francesa ante la otrora favorita Marine Le Pen, candidata de la ultraderecha, abrió nuevamente la ventana en México.
El 5 de junio de 2017, después de los resultados electorales en los estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, retomó el debate entre los diversos actores políticos, electorales y sociales de México respecto a la necesidad de establecer la segunda vuelta en el sistema electoral, sobre todo por los cuestionamientos al proceso electoral de gobernador en el Estado de México, en donde el candidato del PRI, Alfredo del Mazo obtuvo el 33.78 por ciento de los votos, seguido de la candidata de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Delfina Gómez Álvarez con el 30.87 por ciento de la votación.
Este resultado, de acuerdo a especialistas electorales, es una muestra de lo que puede ocurrir en el proceso electoral federal de 2018, en donde se presentará una atomización del voto para Presidente de la República, otorgando el triunfo al candidato o candidata ganadora con un poco más de una tercera parte de la votación total emitida, sin llegar a tener una representación de votos holgada, generando la misma proyección ocurrida en los procesos electorales de 2000, 2006 y 2012.
Paradojamente, Felipe Calderón, después del cuestionado triunfo en 2006, es uno de los principales actores políticos que ha levantado la voz para proponer el ejercicio democrático de la segunda vuelta en los comicios presidenciales de 2018. Voz que se ha institucionalizado en el Poder Legislativo por el Grupo Parlamentario del PAN, que propone una reforma al artículo 181 constitucional, para establecer la segunda vuelta en el próximo proceso electoral.
Voces opositoras también levantan sus alfiles en el Congreso de la Unión, afirmando que esta iniciativa no pasaría al pleno para su votación debido a que se ha excedido el tiempo para proponer modificaciones a artículos constitucionales que intervengan en el proceso electoral del año venidero.
La segunda vuelta es un proceso que puede favorecer al candidato y partidos que mejor jueguen sus cartas en el proceso electoral. Se pueden crear gobiernos de coalición, acuerdos con partidos políticos, mayorías absolutas para gobernar y proponer iniciativas a modo del gobernante en turno, y a través de estos métodos democráticos impulsar el desarrollo nacional. Claro, hay 19 países con democracias consolidadas, que inteligentemente adaptan a su sistema electoral las modificaciones vanguardistas de los regímenes democráticos.
México ocupa el lugar 60, y su sistema electoral, a pesar de las reformas, continua en proceso de fortalecimiento, es inactivo en algunos casos ante el uso de métodos antidemocráticos que no favorecen al paso cualitativo de una democracia en consolidación a una democracia consolidada.
Primero es urgente fortalecer el sistema electoral mexicano, aplicar las leyes como muestra de independencia con algún poder del Estado, hacer valer la autoridad autónoma, y demostrar a la ciudadanía que se puede tener confianza en quienes dirigen el proceso electoral. El segundo paso es la participación ciudadana, creer en que nuestro voto vale, puede ser factor de cambio y transformación.
La segunda vuelta tiene que ser una decisión consensada, mayoritaria, que pueda ser consultada con los mecanismos de democracia participativa, y no como una acción emergente para generar prospectivas políticas a modo para el 2018. Tal vez en 2019, con lo antes planteado y con el inicio de las segundas vueltas en elecciones locales, podamos comenzar a subir peldaños en el índice democrático. Tal vez. Se vale pensar en un futuro político electoral vanguardista.
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