•Reelección fue antidemocrática; hubo coacción y acarreo de votantes, dice ex aspirante
OSSIEL PACHECO
En la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) se vive un manejo patrimonialista del poder, con un componente de fuerte cooptación de profesores y estudiantes universitarios porque durante el proceso electoral que se vivió para avalar la reelección de Javier Saldaña Almazán al frente de la Rectoría se registraron muchas denuncias de coacción del voto y de acarreo de votantes lo que implica una degradación de la democracia universitaria.
Así lo observó Silvia Alemán Mundo, ex aspirante a la Rectoría, cuya solicitud de registro fue desechado por la Comisión Electoral y el Tribunal Universitario, así como los tribunales electorales local y federal. No obstante, considera que el proceso electoral donde resultó electo Saldaña Almazán no fue democrático, ni tampoco fueron elecciones democráticas porque la palabra elección implica elegir, pero al haber un solo candidato, “no se puede elegir nada”.
Alemán dio cuenta que al haber un candidato único a la Rectoría, hubo una reelección y preceptos anticonstitucionales que impedían la participación de otros candidatos; “se conjugaron tres elementos, factores nocivos para la democracia, por tanto consideramos no fue un proceso democrático, fue un proceso amañado porque la Ley se preparó dos años antes para tener este resultado”, agregó.
La profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAGro contó que en septiembre de 2016 antes de publicarse la convocatoria para elegir rector o rectora de la UAGro conformaron el Colectivo Insurgencia Universitaria Guerrerense para participar en las elecciones de rector, y tras realizarse varias reuniones se analizó cuál sería el papel a jugar y se decidió tener una candidatura que representara a ese grupo de universitarios en el proceso electoral pasado.
“En virtud del acuerdo alcanzado se hizo la petición al rector Javier Saldaña Almazán para derogar algunos lineamientos del estatuto general donde se pide como requisito para lograr el registro a la rectoría contar con el aval al menos de 40 consejeros universitarios, de 20 consejos de unidades académicas, o bien de 150 consejeros de escuelas, y estos requisitos no están en la Ley orgánica de la universidad sino en el estatuto y representan preceptos anticonstitucionales”, explicó.
Asumió que estos requisitos obstaculizan la vida democrática de la UAGro, y por ello, se solicitó la derogación al entonces rector Saldaña, quien no lo hizo, y por tanto, siguió siendo un candado para la libre participación de distintos candidatos a la rectoría y al final de cuentas, se presentó un recurso de revisión ante la Comisión Electoral por tratarse de lineamientos antidemocráticos, pero los consejeros desecharon la petición.
“Después acudimos al tribunal universitario que también desechó nuestro recurso, y en tercer instancias acudimos al Tribunal Electoral del Estado para su intervención en la derogación de estos preceptos y lo desechó; finalmente presentamos un juicio por los derechos políticos ciudadanos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y contestó que no le competía intervenir en virtud de la autonomía universitaria”, narró.
Dijo que al final no se pudo hacer nada en términos jurídicos, pero adelantó que están pensando en presentar un recurso de impugnación a todo el proceso electoral de la UAGro ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, mismo “que será interpuesto en el corto plazo, sin que exista fecha para ello”.
