Representantes sindicales y profesores de base del Instituto Tecnológico de Acapulco promovieron una queja formal ante la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, para denunciar una red de hostigamiento laboral, acoso institucional y persecución política ejercida por los directivos de la institución. La queja fue suscrita por el secretario general de la Delegación D-V-13 de la Sección 61 del SNTE, Francisco Zárate Pérez, y el coordinador nacional del SITEM, Aristóteles Muñoz Morales, junto con personal docente afectado del plantel.
El recurso señala directamente al director del plantel, Salvador Herrera Soriano, al subdirector académico, Jesús Tinoco Leyva, y a los jefes de departamentos académicos como responsables de implementar represalias contra más del 70 por ciento de la plantilla docente de base. De acuerdo con el escrito, las autoridades elaboraron listados de coacción política dirigidos contra los profesores que se negaron a respaldar la campaña interna de una candidata a la coordinación estatal del partido Morena.
Entre las principales irregularidades expuestas se encuentra la imposición arbitraria de horarios quebrantados y cambios de turno que afectan la economía y estabilidad familiar del personal. Asimismo, acusaron la asignación de materias ajenas al perfil profesional de los docentes —como encomendar cátedras de matemáticas a administradores o informática a psicólogas—, el desplazamiento forzoso de profesores titulares hacia tareas administrativas y la fragmentación de jornadas con horas inactivas no remuneradas.
Los inconformes advirtieron que esta conducta sistemática contraviene las garantías constitucionales del trabajo digno, el debido proceso y la no discriminación, además de vulnerar el Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente de los Institutos Tecnológicos. Ante el menoscabo de la salud física y psíquica de los trabajadores, los promoventes solicitaron la emisión inmediata de medidas cautelares para frenar las intimidaciones y restituir las condiciones laborales previas, a la espera de que el organismo garante realice inspecciones en el plantel y emita la recomendación correspondiente.
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