Militarizar el país y Guerrero

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               EDITORIAL   

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Militarizar el país y Guerrero

 

Un Estado militarizado, -la antesala de una dictadura-, en eso pretenden convertir a nuestro país con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior con el concurso de las fracciones parlamentarias del PRI, PAN, y del PVEM en el Congreso de la Unión, le otorgaron a las fuerzas armadas –Ejército y Marina- el poder para violentar las garantías individuales y los derechos humanos más sagrados plasmados en nuestra Constitución.

Sin escuchar las voces de la sociedad, de activistas y de la propia ONU que pidió al Senado no aprobar la Ley de Seguridad Interior al considerar que habrá un incremento en los abusos y las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, los legisladores aprobaron la madrugada de este 15 de diciembre dicha iniciativa.

De tal forma, el Estado mexicano se prepara, más bien de cara a las elecciones presidenciales de 2018 para reprimir el pueblo mexicano ante cualquier brote de inconformidad social que a combatir la delincuencia, con la que sostienen pactos de impunidad y les brindan protección al grado que ya es casi imposible distinguir la línea que divide al gobierno de la delincuencia.

México está al borde del colapso, asentó el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, quien incluso refirió al país como un “narcoestado fallido” en una cena la noche del 15 de septiembre entre Trump y miembros de su staff. El gobierno mexicano hizo mutis y nunca desmintió la especie.

El más claro ejemplo de esta simbiosis es el estado de Guerrero, cuyo territorio rebasa una década de estar militarizado sin que las condiciones de seguridad mejoren sino por el contrario han empeorado al grado que el crimen organizado controla bastas regiones de la entidad, que se ha convertido en la más violenta, y con el mayor número de homicidios dolosos.

La intervención del Ejército en tareas de seguridad están marcadas por un rotundo fracaso y su participación en el combate a la delincuencia ha dejado mucho que desear toda vez que a pesar de que ya en los hechos tiene bajo su control la seguridad pública de los municipios guerrerenses esto no ha servido para parar el baño de sangre que se vive todos los días.

Está claro que las intenciones del gobierno de Peña Nieto para impulsar la aprobación de la Ley de Seguridad Interior no son realmente las del combatir a la delincuencia sino de preparar el escenario para imponer por la vía de la fuerza militar y del fraude electoral a su sucesor en la presidencia de la República; se disponen así a reprimir al pueblo y a contener las protestas sociales de una sociedad que vive en el hartazgo y está dispuesta todavía a dar el cambio de forma pacífica el próximo 1 de julio.

El secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos ha urgido con insistencia al Congreso la aprobación de la Ley de Seguridad Interior para legalizar la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, cuando en realidad da carta abierta para mantener a los militares en las calles por siempre, pero además habilita al Ejército y a la Marina para reprimir los movimientos sociales, espiar a opositores políticos y cancelar los derechos humanos elementales de los mexicanos.

Los mexicanos reclamamos la paz y el desarrollo; ya basta de seguir con una guerra fallida que comenzó en el sexenio del panista Felipe Calderón y siguió Peña Nieto, que ha costado la vida de miles de jóvenes. Desde 2006, ha habido más de 200 mil homicidios y 30 mil desaparecidos en el país, el mes de octubre pasado fue el más violento en las últimas dos décadas al contabilizar 2 mil 371 homicidios, más de 76 al día.

Seguir con la misma estrategia de guerra llevara al país a la ruptura social. En México, y en Guerrero, queremos la paz, y no la guerra.